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domingo, 26 de abril de 2015

1979 - 27 DE ABRIL - 2015: A 36 AÑOS, CÓMO FUE EL PRIMER PARO GENERAL CONTRA LA DICTADURA

Por Horacio Torres

El regreso de la democracia en Argentina hace casi 32 años tuvo más de un padre. Pese a la aparente discordancia, tanto de género como de número, el principal padre fueron las Madres. Por otra parte, hubo un padre advenedizo, oportunista y con buen marketing, que aprovechó la lucha ajena para mostrarse como símbolo de esa conquista y ganar así las elecciones de 1983.

Otros mencionan, con atendibles razones, a los héroes que murieron en Malvinas, ya que la derrota en la guerra del Atlántico Sur aceleró el derrumbe de la dictadura. Ni hablar de los que dejaron su vida en centros clandestinos de detención o en vuelos de la muerte, peleando contra los genocidas más feroces que recuerde la historia argentina.

Pero hubo, además, un padre olvidado. Un padre negado y escondido, que fue la lucha del movimiento obrero organizado. Desde el primer momento hubo gremios y comisiones internas que llevaron a cabo medidas de fuerza aun en las condiciones más adversas. Condiciones impuestas por un gobierno ilegítimo, que había suspendido las garantías constitucionales y no dudaba en utilizar a los efectivos de las Fuerzas Armadas para aplastar cualquier tipo de resistencia.

Convocatoria

Se produjo sin embargo un punto de inflexión, del cual se cumplen 36 años: el primer paro general contra la dictadura. Un paro injustamente minimizado y silenciado por las historias oficiales y por la mayoría de los relatos y reseñas de aquellos tiempos. El 27 de abril de 1979 la denominada Comisión Nacional de los 25 -un grupo de gremios que al año siguiente conformarían la base de la CGT Brasil liderada por Saúl Ubaldini- convocó a una jornada de protesta que constituye un hito en la historia del movimiento obrero.

Reunidos en la sede del Sindicato de Molineros, el 21 de abril estos dirigentes tomaron la decisión de realizar el paro el día 27. Lo que sucedió de ahí en más fue bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a presenciar en estos últimos años, en los cuales disfrutamos de las bondades de la democracia.

Emboscada y prisión

El Ministerio de Trabajo convocó de inmediato a los sindicalistas. Los citó en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo el lunes 23 de abril. Pero más que una reunión, se trató de una emboscada, ya que todos los asistentes quedaron detenidos. Además, se realizó una redada por los bares de los alrededores, en la cual cayeron también otros dirigentes gremiales que no habían concurrido al ministerio y estaban esperando la salida de sus compañeros.

Los detenidos en esa ocasión fueron Saúl Ubaldini (cerveceros), José Rodríguez (mecánicos), Alberto Campos (metalúrgicos), Roberto García (taxistas), Francisco Loiácono y Roberto Digón (empleados del tabaco), Carlos Cabrera (mineros), Delmidio Moret (Luz y Fuerza), Demetrio Lorenzo (alimentación), Natividad Santiago Serpa (Obras Sanitarias), Gerónimo Izzeta (municipales bonaerenses), Fernando Donaires (papeleros), Raúl Ravitti (Unión Ferroviaria), Jorge Luján y Alfonso Milián (obreros del vidrio), Víctor Marchese (calzado), Enrique Micó (vestido), Benjamín Gaetani y Felipe Mascali (aceiteros), Ramón Valle y Carlos Vitrián (seguros), Roberto Crespi (petroleros estatales), Rodolfo Soberano y Néstor Dorra (molineros), Francisco Racisky (camioneros), José Luis Castillo (conductores navales), Hugo Barrionuevo (fideeros) y Juan Racchini (aguas gaseosas).

Tras ser interrogados, fueron trasladados a la cárcel de Caseros. Unos pocos recuperaron la libertad en cuestión de horas, pero la mayoría de ellos continuaron detenidos hasta el mes de julio. 

En esos días fueron detenidos más dirigentes y militantes sindicales que participaron en la organización del paro. La mayoría de esas detenciones que se pueden reconstruir a partir de publicaciones periodísticas corresponden a la provincia de Córdoba: Manir Fatala (empleados de comercio), Manuel Rodríguez (telegrafistas), Juan Reyes (gastronómicos), Juan De Biazis (petroleros del Estado), Julio César Romero (metalúrgicos), Juan Rossi (transportes), Salvador Guzmán (alimentación), Américo Mongiano (mosaicos), Francisco Pino (embotelladores de gaseosas) y Bernardo Amaranto (cuero). Del SMATA fueron detenidos también ocho dirigentes de Córdoba y Bahía Blanca. El listado seguramente es incompleto.
Diario Uno más uno, México

Con la conducción de "Los 25" encarcelada, una comisión provisional conformada por otros integrantes de los sindicatos participantes ratificó el miércoles 25 la realización de la medida de fuerza. La dictadura reaccionó con más dureza y amenazó con aplicar la ley 21.400, llamada de Seguridad Nacional, con "la energía que sea necesaria".

Los gremios pertenecientes a las 62 Organizaciones y afines, que se agrupaban en ese momento en la CNT (Comisión Nacional del Trabajo), no apoyaron la medida, aunque reclamaron la inmediata libertad de sus colegas apresados.

Acatamiento

Pese a las detenciones, las presiones y las advertencias, el viernes 27 el paro se llevó a cabo. El acatamiento fue dispar: se sintió de manera bastante notoria en muchas industrias del Gran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y tuvo un peso menor en el ámbito porteño y en la mayoría de las provincias.




Hubo altísimos índices de ausentismo en automotrices como Peugeot (Berazategui), Mercedes Benz (González Catán), Chrysler (San Justo), Fiat (Caseros) y Ford (General Pacheco). También en las fábricas de neumáticos como Fate (Tigre) y Pirelli (San Martín):

Algunas líneas ferroviarias como el Roca, el Sarmiento y el Mitre directamente no funcionaron o lo hicieron con enormes dificultades. En ese marco fueron detenidos por unas horas seis dirigentes del gremio de Señaleros (que no pertenecía a la Comisión de los 25), entre ellos el secretario general Ramón Mondragón.


De todos modos, como concluyeron muchos analistas en ese momento (aunque no tenían chance de decirlo en voz alta), el solo hecho de haber podido realizar el primer paro general contra la dictadura fue un triunfo de sus organizadores.

El rol de los medios

De la lectura de los principales diarios nacionales de ese momento, se desprende la doble intención (un tanto contradictoria) de minimizar la medida de fuerza y reflejar a la vez la firmeza con que respondía el gobierno.


Entre las piezas más llamativas se pueden mencionar un editorial de La Nación firmada por su director Bartolomé Mitre y una nota de la revista Somos. La primera se titula "Los móviles de un intento", poniendo ya desde el vamos a la iniciativa gremial a la altura de un crimen. En el texto se afirma que "quienes osan lanzar a la Nación a una nueva aventura son algunos de los responsables de la catástrofe política sobre cuyas ruinas tomaron las Fuerzas Armadas el poder en 1976".

En el semanario de Editorial Atlántida, en tanto, se podía leer lo siguiente: "Exigen aumentos de salarios, la plena vigencia de las leyes de Asociaciones Profesionales y de Obras Sociales, el restablecimiento de las comisiones paritarias. Fueron estas causas, justamente, las que provocaron el deterioro económico y social del país y de sus empresas".

Una curiosidad

A veces, revisar noticias viejas lleva a la sorpresa de encontrarse con figuras que siguen teniendo una actividad pública en la actualidad. En este caso, se trata de dos personajes destacados del universo judicial. Por ejemplo, el hábeas corpus en favor del dirigente detenido Raúl Ravitti fue presentado ante el juzgado de Eugenio Raúl Zaffaroni, mientras que el de Fernando Donaires se presentó ante el juzgado de María Romilda Servini de Cubría.

domingo, 19 de abril de 2015

CLARÍN, LA NACIÓN Y LOS 40 MILLONES DE INDIGENTES


El 22 de marzo pasado Clarín publicó una nota con un título impactante: "Ocho millones de personas reciben algún tipo de plan social". Allí se puntualizaba que "la Asignación Universal por Hijo es el programa que más beneficiarios posee". De esta manera nos enteramos, gracias a la creativa pluma del periodista Ismael Bermúdez -hermano del líder del Partido Obrero, Jorge Altamira- que la AUH es un plan social.

También se incluían rubros como programas de empleo, cooperativas de trabajo o pensiones no contributivas, que pueden ir desde aquellas que se cobran por invalidez o discapacidad hasta ganadores de Premios Olímpicos o Paraolímpicos y familiares de desaparecidos, así como también las Pensiones Honoríficas que cobran los ex combatientes de Malvinas.

Sin embargo, el 18 de abril el cruzado antipapal del diario La Nación, Mariano Obarrio, hizo una pausa en su guerra santa contra Jorge Bergoglio para dejar como un principiante a Bermúdez y llevar la cantidad de planes nada menos que a 18,2 millones. Para alcanzar esta cifra aun más disparatada que la de su colega, Obarrio se basó en un estudio de la Fundación Libertad y Progreso

Esta fundación es un autodenominado "centro de investigación de políticas públicas" integrado paradójicamente por talibanes de lo privado, entre los cuales se puede mencionar a Manuel Solanet (aquel que manejó las donaciones para los soldados de Malvinas que jamás aparecieron), Alberto Benegas Lynch, Marcos Aguinis, Roberto Cachanosky, el inefable Ricardo López Murphy, el ministro de Economía de dos dictaduras José María Dagnino Pastore y muchos otros de similares antecedentes, intereses e ideología.

La nota de La Nación también se enriquece, por así decirlo, con testimonios de personajes como la funcionaria del PRO Carolina Stanley o el ex viceministro kirchnerista despechado Daniel Arroyo.

El razonamiento que intentan inducir estas peculiares estadísticas es el siguiente:

1. Los planes sociales nacieron en la década del 90 como un recurso para paliar la crisis, el desempleo, el hambre y la miseria.

2. En la actualidad hay más planes sociales que nunca.

3. Entonces estamos peor que en los 90: si hay más planes que en aquella época es porque también hay más crisis, más desempleo, más hambre y más miseria.

Párrafo aparte merece la hipótesis que se busca instalar acerca de la AUH, pretendiendo que se trata de un plan social y no la asignación familiar a la cual tienen derecho todos los menores de 18 años. Ese postulado no es otra cosa que el primer paso hacia el objetivo final: eliminarla.

Volviendo a la cantidad de presuntos "planes sociales", cabe la posibilidad de que a Clarín, La Nación y sus repetidoras no les alcancen estas imaginativas estadísticas para convencer a la población. Por lo tanto, les sugiero acá otros beneficiarios de "planes sociales" más o menos igual de descabellados que los de ellos:

- Los trabajadores registrados que cobran la asignación familiar pagada por la ANSES, al igual que la AUH.

- Los que utilizan el transporte, parte de cuyo valor, como todos sabemos, está subsidiado.

- Los favorecidos por los subsidios a las facturas de luz, gas y agua.

- Los trabajadores que deducen del Impuesto a las Ganancias las cargas de familia.

- Los jubilados, ¡que ya no trabajan más y siguen cobrando!

- Los empresarios beneficiados por la reducción de aportes patronales.

- Los empresarios exentos de diversos impuestos por múltiples normas.

- Los productores agropecuarios que reciben subsidios.

- Los jueces y empleados judiciales que no pagan Impuesto a las Ganancias.

- Los fiscales que se van de vacaciones en primera clase con presupuesto público.

- Sus acompañantes.

La lista termina donde cada uno quiera. O no termina nunca. Por lo tanto, aplicando este método podrán llegar a los 40 millones de planes sociales. Es decir, 40 millones de indigentes que los necesitan. O incluso más, porque muchas personas estarían recibiendo más de un plan social. Si con esto los argentinos continúan sin convencerse que están hundidos en el más profundo de los abismos, atravesando claramente el peor momento de su accidentada historia, es porque se merecen este gobierno deplorable que padecen.